Politica

Las grúas y los reparos laguneros siguen marcando la actualidad política en CC

Dos investigaciones judiciales sobre actos llevados a cabo por Fernando Clavijo y José Alberto Díaz durante sus respectivas etapas como alcaldes de La Laguna siguen estando, pese al paso del tiempo, en la primera línea de la actualidad política y judicial de las Islas.
Se trata del caso Grúas y el caso Reparos, cuya indudable vigencia procesal y mediática no deja de resultar un incómodo lastre para estos dos dirigentes de Coalición Canaria, y más en las vísperas del congreso donde este partido afrontará internamente la histórica debacle que sufrió el año pasado con la pérdida generalizada de sus cuotas de poder en las principales instituciones isleñas.
Ambos casos comparten protagonistas y escenario, pero las diferencias entre ambos son notables.
Pese a que el Supremo archivó el caso Grúas, por lo que respecta a Clavijo, al no apreciar que sus actos tuvieran relevancia penal, lo cierto es que el tema sigue vivo en los tribunales. Por una parte, dicha decisión del Supremo está recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado.
Por otra, la Audiencia Provincial ha frenado esta semana el archivo decretado por el Jugado de Instrucción Número 2 de La Laguna para el resto de investigados (José Alberto Díaz, Antonio Pérez Godiño y Rosario García), al entender que para ello no basta con extender sin más lo dispuesto por el Alto Tribunal sobre Clavijo, sino que hay que explicar los motivos que justifican ese sobreseimiento, y, además, hay que hacerlo de forma individualizada.
Si el caso Grúas surge por la denuncia de unos trabajadores y versa por la gestión de dicho servicio municipal en tiempos de Clavijo, el caso Reparos trata sobre las polémicas prolongaciones de los contratos del Ayuntamiento con una serie de empresas sin celebrar el preceptivo concurso, a lo que el interventor municipal puso sistemáticamente reparos, al considerar que tales contrataciones no se ajustaban a Derecho. Aunque Clavijo también es un protagonista principal en este caso, los hechos objeto de investigación se prolongan a la etapa como alcalde de José Alberto Díaz, quien hasta el último momento siguió aplicando lo que el denunciante (Santiago Pérez, de Avante La Laguna) califica como un modus operandi para burlar los controles de legalidad. Tras años durmiendo en una gaveta, el caso Reparos se reactivó con la personación de la Fiscalía Anticorrupción, y por el juzgado ya han pasado una decena de investigados, que, por sustitución puntual del alcalde de turno o causas similares, firmaron alguno de los aproximadamente 150 decretos en que se levantaron los reparos de la Intervención para mantener activos unos contratos de por sí extinguidos, al haberse cumplido los plazos fijados para su finalización.

“Explicaré lo que tenga que explicar si soy citado por la Fiscalía o los jueces”

Tras la declaración que como investigado realizó el pasado jueves el exconcejal lagunero Javier Abreu, la Fiscalía ha solicitado que se cite al propio denunciante del caso Reparos, el ahora concejal de Urbanismo en la Ciudad de Los Adelantados, Santiago Pérez, dado que el relato de Abreu sobre su excompañero de filas y la abogada que lo representa en este caso, Sandra Rodríguez, es susceptible de ser considerado como obstrucción a la Justicia. Cuestionado a este respecto, Pérez manifestó que “las cosas que tenga que decir sobre las manifestaciones de Abreu, tan escandalosas como infundadas y realizadas a preguntas de Víctor Díaz, el abogado del exalcalde José Alberto Díaz, las responderé, como es mi obligación, si soy citado por la Fiscalía o por los jueces”.
“Será entonces cuando explique lo que tenga que explicar sobre lo manifestado en un acto procesal en el que la Fiscalía estaba presente y, por tanto, tenía la obligación de hacer lo que hizo. Este es un Estado de Derecho y, en consecuencia, nada que objetar al criterio de la Fiscalía”, añadió Pérez.

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