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Así son los presupuestos canarios de 2021 para la peor crisis económica en 90 años

Alguien cerró la enorme puerta de la Biblioteca del Parlamento canario, sin acordarse de que mantener la ventilación es fundamental para evitar los contagios de Covid. Hasta que una conserje y la responsable de prensa la abrieron de par en par. Dentro estaba el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. A su vera, el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, y el director general de Planificación y Presupuestos, Luis Márquez. Tocaba explicar las cuentas de 2021 que el consejero había entregado unos minutos antes al presidente del Parlamento, Gustavo Matos. 8.478 millones de euros para afrontar el cataclismo económico y social producido por la pandemia. 407 millones más que en el presupuesto original del año pasado. Un aumento del 5% para una economía que habrá perdido el 21,6% del PIB a finales de año, según las previsiones actuales del Ejecutivo. Con un paro del 22,3%, que se pondrá cerca del 25% el año que viene, a pesar de que se estima un crecimiento del 17.3%. Pero es todo tan volátil, tan dependiente de la evolución de la pandemia…

Según Rodríguez, “son unos presupuestos expansivos” que enmarcó dentro de un cambio en la política económica de las instituciones europeas e internacionales, de la austeridad sin límites de la crisis de 2008 al endeudamiento de los Estados para mantener los servicios públicos e impulsar la economía. Para sanidad, educación y derechos sociales, habrá 304 millones más, y supondrán el 75% del Presupuesto. Las inversiones aumentan 176 millones, un 17,5%, hasta alcanzar los 1.180 millones. No habrá subidas de impuestos, a pesar de que se prevé una merma de 430 millones de euros de ingresos sobre el presupuesto inicial de 2020, completamente desfasado por la pandemia. Y Canarias no se acudirá a la deuda pública. El Gobierno financiará el presupuesto gracias a la financiación autonómica, las inversiones y transferencias del Estado y Europa y con algunos remanentes de la Comunidad.

Los gastos de personal crecen un 6,1%, y no solo por el aumento del 0,9% del sueldo de los funcionarios, sino porque el Gobierno prevé mantener los 4.000 puestos en Sanidad y los 3.000 en Educación que se han creado este año para afrontar la pandemia. Se nota también el impulso a la política de vivienda y obras públicas, con 343,3 millones de euros, 54,5 millones más que en 2020. En la Consejería de Turismo, el presupuesto aumenta un 27,5%, hasta alcanzar los 133 millones y un 16,9% en Transición Ecológica, que tendrá 154,7 millones de euros. Se trata de un presupuesto “base”, pero el Gobierno canario espera conseguir hasta 1.000 millones de recursos adicionales, fundamentalmente de los fondos europeos de reconstrucción destinados a reactivar la economía.

En esta enorme incertidumbre, este es uno de los grandes enigmas, la capacidad del presupuesto para mover la economía con los proyectos que se impulsen enmarcados en el Plan Reactiva, el gran acuerdo político y social aprobado por el Parlamento que ha establecido una hoja de ruta para activar el tejido productivo canario y ayudar a su diversificación dentro de la apuesta sostenible de la Agenda 2030 y de los fondos europeos, que exigen proyectos orientados a la transición energética y a la digitalización. Según el vicepresidente Rodríguez, el problema no va a ser la cantidad de fondos. Tampoco de formulación de proyectos adaptados a las exigencias europeas. El Gobierno tiene dudas sobre la capacidad de la Administración para gestionar esos proyectos por el adelgazamiento administrativo provocado por años de austeridad y por la complejidad de los procedimientos burocráticos. “Si no se modifican las leyes vamos a tener problemas para gestionar y llevar esos recursos al objeto que persiguen de reforzar el sistema productivo y apostar por la sostenibilidad y la digitalización”, afirmó.

Otro de los debates es si el gasto en el departamento de Derechos Sociales, que aumenta de los 514 a los 518 millones de euros, será suficiente para paliar los problemas de pobreza que se avecinan en una región que, ates de la crisis, ya tenía un 35% de la población en pobreza o riesgo de exclusión social. El Gobierno asegura que el aumento no es mayor porque el Ingreso Mínimo Vital, gestionado por el Estado, llegará a unas 70.000 unidades familiares, frente a las 9.500 que cubre la Prestación Canaria de Inserción. Y la garantía de que no será un canto al sol, como lo ha sido la ley de dependencia en muchos sitios, es que el Gobierno central ya ha presupuestado los fondos.

Curiosidades de la vida, La Gomera, gobernada por la ASG de Casimiro Curbelo, es la isla donde más aumenta porcentualmente la inversión, un 31.50%. Dice el Gobierno que es por varias obras en carreteras. “El cupo gomero”, susurraba alguien en la sala bromeando.

 

 

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