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“Hay contratos en el Cabildo disfrazados de convenios, tipo Urdangarin”

La vicepresidenta segunda del Cabildo de Tenerife y responsable de las áreas de Presidencia, Hacienda y Modernización, Berta Pérez (PSOE)

La vicepresidenta segunda del Cabildo de Tenerife y responsable de las áreas de Presidencia, Hacienda y Modernización, Berta Pérez (PSOE), desgranó en la sesión plenaria de la Corporación celebrada ayer las conclusiones de las auditorías realizadas a empresas y fundaciones dependientes de la institución. Las mismas, aseguró la socialista, habrían dictaminado que la gestión del anterior grupo de Gobierno entre 2015 y 2016, con Carlos Alonso (Coalición Canaria) al frente, fue “cuanto menos oscura, ineficiente, poco transparente y muchas veces poco ajustada a la legalidad”. Es más, señaló que una de las “anomalías” detectadas es la articulación de “contratos disfrazados de convenios, tipo Urdangarin”, síntoma -dijo- de que “por aquí no podemos seguir caminando”.

Pérez puso como ejemplo de las presuntas malas prácticas cometidas en torno al “entramado de empresas” que CC forjó en la Administración insular -de acuerdo con la representante del PSOE- las “extrañas operaciones” llevadas a cabo en el Parque Científico y Tecnológico de la Isla, referidas a la compra de unos terrenos en Geneto (La Laguna) para la ubicación de unas instalaciones de innovación “en un suelo que, curiosamente, no era apto para ello” y “con una tasación que quintuplicaba el valor que tenían”; unas parcelas que finalmente no se emplearon para tal fin, y cuyo expediente está en manos de la Fiscalía, toda vez que fue trasladado a petición de la Intervención General. En el escrito dirigido al organismo judicial, se alude a supuestos delitos de “malversación, administración desleal y prevaricación”, tal como recordó la consejera.

En materia de contratación, la titular de Hacienda y Modernización concretó que “se evidencia un incumplimiento flagrante y frecuente de la Ley de Contratos, utilizando todas las vías para eludir la publicidad y la concurrencia”, además de la configuración de “contratos disfrazados de convenio, tipo Urdangarin”, es decir, en el caso del yerno del Rey emérito, aparentes acuerdos de colaboración que, a efectos prácticos, eran contrataciones públicas y, por tanto, estaban sometidas a la legislación preceptiva. Por otra parte, también hizo referencia al “uso del procedimiento de negociado sin publicidad sin reunir los requisitos para ello”, al igual que la suscripción de “contratos de patrocinio sin evidenciar los elementos de retorno preceptivos, que deben tener”. Aparte, habló de un “uso continuo, abuso y mal uso de la figura del contrato menor, de modo tosco y grosero”, e incluso prórrogas de los mismos, “cuando sabemos que precisamente van contra su propia naturaleza”.

PERSONAL Y TARJETAS

La socialista también repasó las dudas plasmadas en los documentos en lo concerniente a los recursos humanos, destacando que se puso de relieve “la contratación no correcta de algunos gerentes” de las referidas empresas y fundaciones, “sin el informe favorable de los servicios de régimen jurídico de la Corporación”. Durante el mandato coalicionero habrían existido, asimismo, “contrataciones de personal sin autorización expresa del ente matriz, lo que trae consigo que de repente nos veamos con una masa de trabajadores contratados sin la debida publicidad y concurrencia”.

Pero quizá uno de los aspectos más peliagudos del estudio de la gestión en las compañías dependientes del Cabildo sea “en cuanto al tráfico ordinario de los fondos públicos”. La vicepresidenta segunda advirtió sobre la utilización de “tarjetas de crédito por personas no autorizadas”, o que estas estuvieran a nombre de individuos “que no están en el organigrama de la empresa o que incluso han sido cesados, sin que conste que los gastos realizados con esas tarjetas se correspondan con gastos propios de la entidad”.

Para la consejera, todas las dudas plasmadas en los informes vienen “a corroborar una idea cierta: es muy importante el análisis que estamos haciendo para tratar de redimensionar, racionalizar y ajustar a la legalidad el uso de fondos públicos del sector público empresarial”. Y en este sentido, afirmó que desde su grupo político “rechazamos y denostamos esta forma de actuar”, defendiendo la pulcritud en la administración de las arcas tinerfeñas o, de lo contrario, “podemos caer en unos vicios que se escapan de nuestra esfera de control”. Eso sí, matizó que las auditorías continuarán, y que actualmente “soy incapaz de decir si esto sigue pasando en 2017 y 2018 porque estas son, como digo, de 2015 y 2016”.

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