Sociedad

La buena noticia de que haya derivaciones y la mala de no saber el número exacto

Fran Pallero

Desmantelado y limpio el Muelle de Arguineguín, la cuestión se centra ahora en las derivaciones de migrantes. El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, afirmó ayer en el Pleno del Parlamento que se está produciendo un “tránsito a la Península de manera reglada” de algunos migrantes, pero no dio una cifra concreta. El Gobierno español evita dar datos de forma transparente -se hace con “discreción”, decía hace unos días el presidente Pedro Sánchez-, pero dificulta así que la opinión pública canaria tenga una percepción clara de la situación, en un contexto de desconfianza e incertidumbre tras meses de pésima gestión por parte Ejecutivo central.

La semana pasada, el diario EL PAÍS hablaba de 1.800 derivaciones y el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, calculaba que podían haber abandonado las islas unas 10.000 personas. Pero nadie manda una tabla de Excel que recoja el número exacto, entre quienes se van por sus propios medios -como muchos marroquíes con documentación- o quienes son trasladados por el Ejecutivo central a centros de acogida peninsulares. Y claro, eso ayuda al desconcierto y a que cada uno maneje sus cifras. Ayer, el diputado de CC, Pablo Rodríguez, aseguró que las derivaciones eran del 1% . Rodríguez criticó el “conformismo” de Torres ante el Gobierno central, censuró la instalación de carpas en las islas y calificó al Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Barranco Seco de “otro campamento de la vergüenza”. Allí, los migrantes solo deberían estar 72 horas en régimen cerrado, mientras se les hace el registro policial, pero estos plazos se incumplieron absolutamente en Arguineguín. Los periodistas no pueden acceder al lugar.

Para indignación de algunos diputados de CC, Torres aludió a la situación de la crisis de los cayucos, cuyo epicentro fue en 2006, con la llegada de más de 30.000 migrantes a las Islas, entonces gobernadas por CC. La memoria colectiva ha construido un relato idílico de aquella época, como si se hubiera derivado y deportado a todo el mundo sin parar. Pero la realidad es que llegó a haber 5.830 plazas en centros y campamentos por donde pasaron 32.000 migrantes con periodos de estancia media de 40 días, según relata en su libro ‘Inmigración irregular por vía marítima’ el exdelegado del Gobierno en Canarias José Segura Clavell. Plazas en régimen cerrado. Torres contestó ayer a Rodríguez que, en esos años, hubo “16.000 personas hacinadas en la terminal de Fuerteventura”. Y que alguno de los migrantes alojados llegó a estar “hasta dos años” en alguno de esos lugares. El ministro de Migraciones aseguró hace unos días que habrá 7.000 plazas de acogida. En régimen abierto.

En aquella época, la asistencia jurídica a migrantes fue también muy deficiente, como criticó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en varios informes, un hecho que se ha repetido en esta crisis. Ayer, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirmó que se están reduciendo las ratios de migrantes por abogado a un máximo de 21 -antes podía ser “ilimitado”- y se han aumentando las cuantías que perciben los letrados. También se ha pedido a los colegios de abogados que trabajen en la formación en Extranjería. “Esa entrevista puede ser decisiva para quien quiera pedir asilo”, afirmó Pérez

Después del tema migratorio, el siguiente embate del presidente canario vino a cuenta de la armonización fiscal en el conjunto del Estado que ha pedido ERC para dar su apoyo a los presupuestos estatales. La presidenta del PP canario, Australia Navarro, sacó de nuevo su discurso beligerante y aseguró que “el mercadeo de Sánchez con los independentistas” puede poner en peligro el Régimen Económico y Fiscal Canario. “Ningún independentista catalán puede imponer una subida de impuestos a los canarios y al resto de España”, aseguró antes de criticar la política fiscal del Gobierno canario que, según Navarro, no ayuda a salir de la crisis, al contrario que las bajadas fiscales de lugares como Madrid, Andalucía o Irlanda. Torres le contestó que bajar los impuestos no permite recaudar más, como sostiene la derecha, y le recordó cómo el recorte de medio punto al IGIC pactado con el PP por el último Gobierno de CC supuso una merma de 116,9 millones de euros de recaudación. También le dijo que la propuesta para estudiar los desequilibrios fiscales no es algo de ahora, sino que se propuso en la época del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

Un día de preocupaciones fiscales porque, por la tarde, el Parlamento aprobó una PNL propuesta por Sí Podemos Canarias para reforzar la plantilla de la Agencia Tributaria Canaria.  Según los datos, se calcula que la economía sumergida en Canarias equivale al 25% de nuestro PIB de 2019.

También se fajaron en un debate interesante el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, y la diputada de CC, Rosa Dávila, sobre el nivel de ejecución de inversiones de este Gobierno. Dávila le echó en cara a Rodríguez que, en el mes de octubre, hubiera alcanzado solo el 36,75% del total. Rodríguez le recordó que este había sido un año de pandemia, con una paralización absoluta. Y que en 2018, cuando CC estaba en el poder y Dávila era consejera de Hacienda, la ejecución en esas fechas era del 34, 13. “E igual que ustedes llegaron al 80% a final de año, nosotros lograremos una cifra muy importante”. El vicepresidente recordó que las plantillas están en el chasis después de años de adelgazamiento de la Administración, una cuestión que preocupa mucho al Gobierno regional. Sobre todo, con la previsible llegada de fondos europeos, que precisa de recursos humanos. Dávila también criticó duramente la gestión de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, y le pidió que dimitiera, aunque ella no estaba allí para escucharla.

Se habló mucho de Educación ayer. Primero, cuando Beatriz Calzada, de CC, le criticó al Gobierno regional la “incertidumbre” que se genera con los profesores covid por no asegurarles el contrato más allá de abril, con los problemas que eso genera para los docentes y los propios equipos directivos. La consejera de Educación, Manuela Armas, le contestó que “todos sabían que la contratación era trimestral, los centros, los sindicatos y los afectados”. Pero luego se habló de la LOMLOE, la reciente ley de educación aprobada en el Congreso de los Diputados. Otra vez se volvieron a visualizar dos aproximaciones ideológicas. La diputada de Ciudadanos, Vidina Espino, habló de “ley impregnada de sectarismo ideológico” y de “vender la lengua española por un puñado de votos”, al haber quitado el Gobierno el castellano como “lengua vehicular”. La consejera Armas afirmó que eso lo había introducido Wert en su ley anterior, pero que no estaba antes. También afirmó que la concertada debe tener un papel más redimensionado, porque nació para llegar a donde la pública no podía. Y ahora a veces sobran plazas en la pública. Armas afeó a CC que no apoyara la ley. Beatriz Calzada había afirmado que no les gustaba porque no era fruto de un consenso, no aseguraba la educación universal de 0 a 3 años y no reducía las ratios. “¿Prefiere quedarse con la Ley Wert? Usted no la vota porque no le da la gana”, respondió. “ Me decepciona que un partido canario vote en contra de una ley tan justa y necesaria para Canarias”.

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