Sociedad

Fiscalía y Sanidad recaban datos sobre el brote en el portuense Hogar Santa Rita

Imagen parcial de la fachada del Hogar Santa Rita. / SERGIO MÉNDEZ

La gestión llevada a cabo en el Hogar Santa Rita, una residencia de ancianos ubicada en el Puerto de la Cruz con más de 600 plazas ocupadas, está siendo analizada con lupa por parte de las autoridades isleñas.

En concreto, el interés se centra en lo sucedido entre la primera y la segunda ola de la pandemia actual, donde, hasta el pasado viernes, al menos han fallecido cinco residentes para un total de ocho desde que se detectó la Covid-19 en España.

Dicha investigación es parte de la tarea asumida por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que tomó el control de esta popular residencia privada de ancianos (la mayor de la Isla) el pasado 8 de diciembre, cuando el número de contagios en la misma empezó a dispararse.

Como ha podido averiguar DIARIO DE AVISOS, ello ha desembocado en la elaboración de varios informes en los que se recogen incidencias ya denunciadas en su día por la UGT ante la Inspección de Trabajo, donde se sostiene, por ejemplo, que se permitió la incorporación de trabajadores a sus puestos de trabajo sin conocer el resultado de los test a los que se habían sometido para saber si estaban contagiados o no.

Otras irregularidades pasan por la no adecuación de las zonas comunes para trabajadores en las que no se respetarían las distancias preventivas, así como un control poco efectivo de las visitas a los ingresados, con una edad media de 70 años y, en no pocos casos, patologías previas que agravan los efectos de la pandemia en caso de contagio.

Además, ha llamado la atención los problemas con los que está topando la Consejería de Sanidad a la hora de recabar datos sobre la gestión del Hogar de Santa Rita respecto a sus responsables anteriores. Todo ello ha provocado que algunas familias hayan retirado a sus parientes ingresados en Santa Rita

Respecto a la Fiscalía tinerfeña, cabe aclarar que, por ahora, está en la fase de recabar la información relacionada, como hace con el resto de residencias de ancianos provinciales que presentan incidencia de la Covid-19. De momento no se hace en el ámbito penal sino para la protección de personas desvalidas. Según su resultado, ya se verá hacia dónde conducen los datos recabados.

A 16 de diciembre, en Canarias habían fallecido 46 personas en residencias de ancianos, 35 de ellas en Tenerife y las 11 restantes en Gran Canaria, lo que a esa fecha Representa un 12,67% del total de fallecidos por Covid-19 en el Archipiélago.

Resta aclarar que, si bien esta residencias son competencia de la Consejería de Derechos Sociales, es la de Sanidad la que se ocupa de los aspectos sanitarios.

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