Sociedad

Luz verde a la comisión de garantías que regulará la eutanasia en Canarias

Luz verde a la comisión de garantías que regulará la eutanasia en Canarias. Pixabay

El Gobierno de Canarias ha aprobado definitivamente el decreto para la creación de la comisión de garantía y evaluación de la prestación de ayuda para morir tras recibir el informe preceptivo del Consejo Consultivo.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, tras la reunión este miércoles del Consejo de Gobierno.

Con este trámite se da cumplimiento a los términos previstos en la Ley Orgánica 2/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, así como de su reglamento de regulación.

Trujillo ha avanzado que mañana se publicará el decreto en el Boletín Oficial de Canarias y la próxima semana, la orden que regulará el listado de los médicos objetores de conciencia.

La comisión de garantía y evaluación es un órgano administrativo colegiado que busca garantizar el derecho de las personas, que cumplan las condiciones reguladas en la legislación vigente sobre eutanasia, a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento seguido y las garantías que han de observarse.

Tendrá la condición de órgano consultivo en materia de ejercicio del derecho a morir y de prestación de la ayuda para este fin y estará adscrita al Servicio Canario de la Salud, con carácter orgánico y sin dependencia jerárquica o funcional, como organismo competente en materia de prestaciones de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, actuará con autonomía funcional e independencia de criterio en el ejercicio de sus funciones.

Entre sus funciones figuran resolver dudas o cuestiones que puedan surgir en aplicación de la ley, así como las que le pueda encomendar el consejero o consejera competente en materia de Sanidad y la Dirección del Servicio Canario de la Salud.

La comisión estará formada por un total de doce personas de reconocida competencia profesional de la medicina y la enfermería, con formación o experiencia acreditada en Bioética, así como juristas con formación o experiencia acreditada en Derecho Sanitario, que ocuparán los cargos de presidencia, vicepresidencia y un total de diez vocalías.

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